Comisiones Asesoras de Preadjudicación

Las Comisiones Asesoras de Preadjudicación son un cuerpo técnico y consultivo, cuyo dictamen es una recomendación no vinculante. La decisión final recae siempre en el funcionario competente.

Están compuestas por un mínimo de tres (3) miembros, seleccionados por su perfil profesional y técnico, garantizando una evaluación multidisciplinaria, objetiva e idónea de las ofertas.

Su misión es analizar exhaustivamente las ofertas presentadas en los procesos licitatorios y recomendar la propuesta más ventajosa para la Administración Pública, siempre en estricta conformidad con los requisitos establecidos en los pliegos de bases y condiciones.

Realizan una evaluación integral que abarca aspectos formales, legales, técnicos y económicos, culminando en un cuadro comparativo detallado que fundamenta su dictamen.

Esta ley establece el régimen básico y los principios generales para la gestión económica y financiera del sector público provincial, incluyendo las disposiciones relativas a los procesos de licitación y la necesidad de órganos asesores para la evaluación de ofertas.

Principios fundamentales que rigen su accionar: Legalidad, Transparencia, Economía, Eficiencia, Razonabilidad de las decisiones, Publicidad y Acceso a la Información.

• Artículo 39º: Establece la obligatoriedad de la existencia de estas comisiones en cada Ministerio, repartición u organismo descentralizado, con un mínimo de tres (3) miembros.
• Artículo 41º: Aclara que el dictamen de la comisión no es vinculante. Otros organismos y funcionarios también están obligados a emitir opinión en materia de su competencia, y la responsabilidad final recae en quienes toman la decisión de adjudicación.
• Artículo 46º: Exige que el informe de la Comisión Asesora de Preadjudicación esté debidamente fundamentado, explicando los motivos de su recomendación.

Verificación minuciosa de la documentación exigida, la personería jurídica de los oferentes, el cumplimiento de requisitos fiscales y previsionales, y la ausencia de inhabilitaciones que impidan su participación en el proceso.

Análisis de la idoneidad y calidad de los bienes, servicios u obras ofrecidos. Se verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos de entrega o ejecución, y la capacidad técnica demostrada por el oferente para cumplir con lo solicitado.

Evaluación de los precios ofertados, las condiciones de pago, las opciones de financiamiento y cualquier otro factor que incida en el costo total de la oferta. Este análisis siempre se realiza en relación con la calidad y el cumplimiento técnico de lo propuesto.

• Designación formal por la autoridad competente.
• Mínimo de 3 miembros, con perfil técnico adecuado al objeto de la contratación.
• Actuación dentro de sus competencias y plazos establecidos.

• Análisis exhaustivo de todos los pliegos y ofertas presentadas.
• Verificación de requisitos técnicos y formales (ej. proveedor habilitado por ARCA, Rentas).
• Elaboración de un cuadro comparativo de precios y condiciones, debidamente documentado y fundado.
• Cálculo económico correcto (considerando el TC vendedor del día anterior a la apertura).
• Rechazo de ofertas debidamente fundamentado, explicando las razones.
• Respeto irrestricto al principio de igualdad entre oferentes.
• Preadjudicación sobre el total licitado o por renglón, según corresponda.

• Recomendación final fundamentada en criterios objetivos y transparentes.
• Propuesta que mejor contemple la relación calidad-precio.
• Cumplimiento del principio de eficiencia y economía en la gestión pública.
• Suscripta por todos los miembros de la comisión (con la posibilidad de expresar disidencias si las hubiere).
• Coincidencia total con el contenido de las actas previas.

• Preadjudicación realizada en el lugar, día y hora estipulados en el Pliego.
• Prórrogas formalmente aprobadas y debidamente justificadas.
• Dictamen incorporado al expediente y publicado en la cartelera de acuerdo a los plazos.
• Plazo de 3 días hábiles para observaciones (24 hs. para Concurso de Precios).
• Toda la actuación fehacientemente documentada e incorporada al expediente electrónico.

Verificar la aplicación rigurosa de los principios de legalidad, transparencia, economía, eficiencia, razonabilidad de las decisiones, publicidad y acceso a la información en cada etapa del proceso.